Como sabéis todos, durante los ultimos meses y días, se viene debatiendo en nuestro país sobre el apoyo que recibe un juez de la Audiencia Nacional, uno de los tribunales estrella de nuestro sistema judicial, por parte de diferentes estamentos de la vida publica, ciudadanos de a pie, políticos, Rectores de Universidad y, en algunos casos, fiscales de diferentes tribunales.

Baltasar Garzón, a quien conozco personalmente, ya que me dio clases de derecho penal, y, es amigo de la familia de un primo carnal, como persona me parece, lejos de un personajillo, una persona con cosas muy respetables; lo que no implica que, como juez de la Audiencia Nacional, pueda equivocarse, e incluso cometer, supuestamente, un delito.

Garzón, como cualquier ciudadano, esta sujeto al imperio de la ley, en el supuesto de cometer un delito o falta. Y, en esta ocasión, si otro juez estima que, supuestamente lo puede haber cometido, no tiene por menos que proceder, como lo haría contra cualquier ciudadano.

Pero vayamos mas allá, el Juez Garzón, en el ejercicio de su función jurisdiccional, a la hora de imputar a una serie de personas unos delitos, que han prescrito, que ocurrieron hace muchos años, simple y llanamente, para lavar la imagen de los perjudicados, dicta una serie de prerrogativas y autos, que rayan la ilegalidad, y por ello se le imputa un delito de prevaricación, al dictar una auto a sabiendas que es injusto, y no precisamente, legal.

Esta actitud, al de un Juez que encuentra indicios de delito, en la actuación de otro Juez, a una serie de personas, les cae como una persecución hacia el juez Garzón, por parte de la Falange, Manos Limpias y la derecha política; y se permiten el lujazo de insultar a los jueces y magistrados del Tribunal Supremo, como también lo hacen de los Magistrados del Tribunal Constitucional por no aprobar el Estatuto de Cataluña.

De igual manera, que desde hace unos meses, el Gobierno de Zapatero trata de colar una disposición injusta en una norma, como es el caso de la norma sobre los derechos de autor, la archi conocida Ley Sinde. Esa disposición camuflada en una ley de sostenibilidad económica, vulnera los derechos fundamentales de muchos ciudadanos, al considerarnos, cuanto menos, delincuentes, por el simple hecho de descargarnos contenidos en la red.

El Gobierno destina cantidades económicas desorbitadas, destinando dinero público a sus campañas publicitarias, contribuyendo a su financiación mediante tributos indiscriminados, permitiéndole introducir disposiciones en leyes en proyecto, dedicándose al intercambio de favores e incluso, de manera consciente, atacando a las posibles alternativas que surgen en el mercado…

La sinrazón de los dos actos es muy similar, uno dicta una norma injusta e inconstitucional, y el otro trata de juzgar unos supuestos delitos, de hace 60 años.

En el caso del juez, sin embargo, yo continúo preguntándome, sin llegar a una respuesta clara dos cosas:

1. ¿Dónde está la memoria histórica de todos aquellos, que por profesar una religión, católica, fueron asesinados durante la II República? Hace unos días, a raiz de la publicación en el App Store de Apple, de la aplicación iFranco, alguien llamaba golpista al general Franco por desencadenar una Guerra Civil. Puede ser que fuese un golpista, pero sus razones tenía y me parecen tan justas, como pueden parecerle a otros, cuando se derroco la dictadura de Primo de Rivera, o la Monarquía de Alfonso XIII.
2. Puede ser justo, querer defender la memoria histórica de unas personas; pero de ahí a montar una campaña de desprestigio de los jueces del Tribunal Supremo, llamándoles de todo, por parte de ciudadanos de a pié, como de personajes, como Fiscales, Jueces, Tribunales y Rectores de Universidad, como el caso de Carlos Berzosa, sencillamente, rozan lo esperpéntico.